La junta médica integrada por el cardiólogo Luis Raúl Cunio y los psiquiatras Gustavo Costal (del ECIF) y José Luis Rodríguez, recomendó que el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, quien fue condenado a 6 años de cárcel por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, continúe cumpliendo su pena de manera domiciliaria al menos por 90 días, tiempo en el que se haría un nuevo estudio sobre su evolución. El informe médico pesó más que la oposición y los planteos de las partes acusadoras. Basándose en lo que pedían los profesionales de la salud, la jueza Ana María Iácono ordenó que Di Lella continúe detenido en su vivienda de Yerba Buena con el monitoreo de un dispositivo electrónico.
Junta Médica
“Esta defensa entiende que corresponde el arresto domiciliario por sobre la internación hospitalaria. La junta médica indica que además de los problemas cardiacos generados por el tabaquismo y el sedentarismo, la profunda depresión es lo que más afecta la salud de Di Lella”, planteó el abogado Gustavo Morales en la audiencia de ayer.
En concordancia, el defensor subrayó que los médicos recomendaban: “debido a la gravedad del cuadro, se advierte que el interno continúe 90 días con el mismo modo de arresto hasta tanto se realice una nueva junta médica para ver cómo sigue”. Y luego enfatizó: “estamos hablando de que se respete un principio de humanidad de las penas”.
Otras valoraciones
El representante del ministerio Público, el auxiliar fiscal Gonzalo García García, pidió que se valore en conjunto también un informe médico previo que lleva la firma de los mismos profesionales y del forense Vicente Pacheco. Leyó: “hace un informe egocéntrico y fatalista. Al indagarlo sobre un posible plan suicida, solo divaga y no profundiza en la respuesta. Se considera a sí mismo como un chivo expiatorio de una causa con tintes políticos, manifiesta exageraciones y tiende a culpar a otros por su condena y sus problemas”.
“Busca conseguir la ventaja de evitar la prisión efectiva”, mencionó el funcionario, y por último alertó que sería importante que profesionales de la salud pública ahonden sobre la conducta suicida e informen “si no es algo peligroso para él y para terceros, y si no sería mejor internarlo en un instituto psiquiátrico”.
La representante de la querella, Soledad Deza, también rechazó la petición defensiva. Su par, Emilio Mrad, se adhirió a sus dichos.
“Consideramos que lo descripto corresponde a una crisis de estrés, como la que pasaría cualquier persona que estuviera próxima a ser condenada. Pero aquí debemos decir que él no es cualquier persona, sino alguien que gozaba del poder”, argumentó la abogada. Luego añadió: “ya pasó mucho tiempo, esto no es más que buscar otra salida privilegiada para que el interno, y piden ese privilegio sin tener los requisitos para acceder a él”.
La jueza le preguntó a Di Lella si deseaba expresarse. El ex secretario, desde la cama, dijo que no estaba en condiciones de hacerlo. A su turno Alberto Lebbos, padre de Paulina, pidió: “en el día de los Derechos Humanos, espero que al resolver no se olviden de como vulneraron los de mi hija”.
Resolución
“Debo advertir que la domiciliaria es una forma de cumplimiento de las penas. Es excepcional, pero acorde en este caso a lo que dice una junta médica”, explicó Iácono al resolver. La jueza concluyó con una advertencia: “en caso de que evolucione, pasará a cumplir su pena a un establecimiento penitenciario”.
El hecho: condenados por encubrir el caso
En febrero de 2019 el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella fue condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos a seis años de prisión junto a los ex jefe y subjefe de Policía: Hugo Sánchez y Nicolás Barrera. También corrió la misma suerte el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito. A Di Lella le resta cumplir cinco años y medio de pena.